Candidatos muertos o sin haberse enterado que competían por un cargo en la provincia de Buenos Aires fueron el origen del procesamiento que dictó esta semana el juez electoral de la Provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, a los apoderados de cuatro partidos políticos que se presentaron en las PASO 2023 con el objetivo de cobrar el dinero que el Estado otorga por ley a las fuerzas políticas que participan de las elecciones.
Según la resolución judicial a la que tuvo acceso MDZ, se trató de maniobras frauduletas desplegadas por un conjunto de apoderados y autoridades partidarias que consistió en la conformación de partidos políticos sin representación ni vocación política real”, para “acceder a las herramientas de financiamiento que legítimamente corresponden a las agrupaciones para su funcionamiento y participación en la contienda electoral”.
En la resolución judicial de 180 páginas se dispuso el procesamiento de los apoderados de los partidos Encuentro Republicano Federal, Justicia y Dignidad Patriótica, Proyecto Joven y Esperanza del Pueblo, se les prohibió la salida del país y se embargó sus bienes.
A Ernesto Raúl Habra, apoderado del partido Encuentro Republicano Federal, se lo señala como organizador de gran parte de las maniobras ilícitas en los cuatro partidos investigados y se lo procesó por “defraudación a la administración pública en concurso ideal con falsedad ideológica” en cuatro oportunidades. Por su parte, Sergio Jesús Medrano, Yamil Eloy Salerno y Matías Mauricio Burgos, apoderados de “Justicia y Dignidad Patriótica”, “Proyecto Joven” y “Esperanza del Pueblo” respectivamente, fueron procesados bajo las mismas figuras penales, aunque sólo con relación a sus propios partidos. En tanto, sobre los miembros de las juntas electorales que fueron indagados y desconocieron sus firmas en las actas, por el momento se les dictó la falta de mérito y se ordenaron pericias caligráficas y otras medidas para corroborar sus descargos.
